Gabriel Baltazar

@gabrielbaltaza

 

 

Nota aclaratoria: Generación X la Democracia no recibe ningún tipo de patrocinio de partidos políticos ni del Instituto Federal Electoral. Somos una Asociación Civil integrada por unos cuantos jóvenes que aportamos  nuestro tiempo, trabajo y dinero para defender ideas en las que creemos.

 

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Cuando defiendes una idea te olvidas de la autocrítica. En un ambiente hostil, en el que te encuentras rodeado de gente que critica ferozmente el objeto que defiendes, la autocrítica parece suicida.

En el caso de fútbol cuando defiendes un equipo estás expuesto a tener detractores pero también aliados, defender al árbitro, en cambio, parece una tarea destinada al fracaso. Quien defiende al árbitro, se suele alegar, necesariamente apoya al equipo que ganó o al que pinta como favorito, defender al árbitro es solapar las prácticas deshonestas de los que ganaron con trampas.

La integridad ética y la objetividad son indispensables en la defensa auténtica de una idea. Enriquecerse con una idea no es necesariamente algo inmoral, por ejemplo un físico que hace su vida de defender una teoría.  Defender por el contrario el resultado de un comicio que proviene de una decisión arbitral para tener una ganancia económica afecta sin duda la objetividad y representa un serio problema ético.  Este no es el caso.

Nuestra integridad ética se sostiene desde nuestra falta de apoyos económicos o morales, de cualquier clase y nuestra objetividad se sostiene en el apartidismo que aún a costa de nuestra popularidad hemos mantenido.

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Estos meses los hemos dedicado a defender una idea, la democracia (entendida en este caso como el grado de participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes) hemos defendido esta idea no porque creamos que la democracia se reduzca a esto, la participación ciudadana debe extenderse a muchas otras de deliberación pública; la “coyuntura” electoral nos obligaba a defender este frente de forma inmediata, pues sin duda lo consideramos muy valioso.

El Instituto Federal Electoral (IFE) es un órgano autónomo constitucional. La autonomía del IFE tiene como objetivo preservar los principios de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad, que rigen a la función electoral del Estado (citando a Miguel Carbonell). Los órganos constitucionales autónomos, cuentan con capacidad de gestión y presupuesto propios.

Los órganos constitucionales autónomos son muy recientes (las Universidades empezaron a recibir autonomía en 1920) y el IFE, es autónomo apenas desde 1996. Las facultades del IFE tienen que ver necesariamente con el ámbito electoral, creer que el IFE es “el garante de la democracia” es otorgarle un papel que le queda grande, si reconocemos que la democracia incluye otras formas de participación política y deliberación pública; sin embargo su papel sí es muy trascedente, si entendemos que las elecciones desempeñan un papel especialmente importante en las democracias.

El IFE y su autonomía son producto de un diseño institucional, las atribuciones del IFE, sus procedimientos y organización están dictadas por la Constitución, leyes y reglamentos. Aún a pesar de su autonomía el IFE no es soberano, es decir no se autodetermina (esto es muy útil para comprender que muchos de los errores y aspectos a mejorar del IFE tienen que ver con su diseño y no con su gestión).

El IFE es y ha sido durante años blanco de los ataques de quienes, algunos mejor documentados que otros, han sostenido la existencia de un fraude electoral en 2006. Como consecuencia del problemático proceso electoral, de ese año, se implementó una reforma electoral, concertada por los partidos y con el ánimo de corregir los errores cometidos en esos comicios.

Más allá de si hubo un fraude en 2006 (una postura congruente institucional y legalista es respetar el resultado independientemente de que exista conformidad o inconformidad con el mismo) surgió evidencia de que el IFE, en conjunto con la totalidad del sistema electoral, no era infalible, ni muchísimo menos perfecto; es más, que estábamos ante un órgano y un sistema democrático reciente que apenas empezábamos a construir, que había que adecuar y mejorar de forma urgente.

Con la reforma se buscó, entre otras cosas, crear una forma de reparto más justo de tiempos electorales, ahora el IFE determina y administra la totalidad de los tiempos oficiales; existe una prohibición general, dirigida a “actores privados” a pagar tiempo para hacer propaganda a favor de algún partido y también se prohíbe la participación de los gobernantes en las campañas electorales.

Las reformas (aquí mencionamos apenas unas cuantas) han sido insuficientes; en este proceso han saltado a la luz problemas nuevos y también la prevalencia de algunos problemas antiguos que no se han corregido.

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En ese espíritu crítico, concluida la fase de los comicios electorales y en la antesala del post-electora proceso en la vía judicial electoral) es momento de hablar de las fallas, al menos tres que nos parecen evidentes. [1] No tenemos ninguna pretensión de exhaustividad, somos conscientes de que hay muchos otros problemas y seguro algunos más graves, pero consideramos necesario este ejercicio.

Injerencia de los medios de comunicación y las encuestas. Los partidos políticos seguirán buscando nuevas e ingeniosas formas de hacer propaganda política, escapando a las limitantes de la reforma electoral.

Los medios de comunicación siguen dando un trato desigual a los partidos políticos, los tiempos oficiales han sido administrados de forma correcta por el IFE, pero la selección arbitraria de información que se considera valiosa y relevante, para exhibir en noticieros de naturaleza meramente informativa, ha sido evidente.

Esa fue la exigencia que dio origen a YoSoy132, cobertura imparcial y presentación de información objetiva y relevante al electorado que no tiene acceso a internet. El “duopolio televisivo”, en complicidad con medios impresos, ha sido encontrado culpable (se trató de un juicio sumario) por la opinión de un gran sector, de vil manipulación.

Los poderes fácticos han quedado en evidencia como grupos que actúan impunemente violando de formas a veces sutiles, a veces no tanto, las legislación electoral. En este caso, se ha dicho hasta el cansancio, esto benefició a Enrique Peña Nieto y perjudicó a Andrés Manuel López Obrador.

Por una lado tenemos que entender que las atribuciones del IFE, escapan a la disolución de monopolios y por el otro, que el asunto parece más complejo que un contrato escrito entre un candidato y una televisora (como se ha tratado de mostrar); los pactos a esas alturas difícilmente consisten en contratos de prestación de servicio con cantidades y firmas de altos dirigentes. Precisamente en esto radica la dificultad de probarlo.

Las encuestas han sido otro tema de recurrente denuncia. Regular las encuestas, que como han dicho uno y otro bando tienen muchas posibilidades de ser interpretadas, es complicado. Hoy que están contabilizadas casi la totalidad de actas del PREP, resulta que en efecto algunas encuestas estaban completamente alejadas de la realidad, el más claro caso es Milenio Gea-Isa (en la última medición se dijo que la diferencia ente Peña Nieto y López Obrador sería de 18 puntos, cuando hubo tan sólo 6.5 puntos de diferencia según el PREP.) En otros casos parecía que de las distintas interpretaciones posibles se usaba aquella que beneficiara más a Peña Nieto. Nuestra postura objetiva, nos obliga a decir que las encuestas usadas por Vázquez Mota y López Obrador, que los ubicaban respectivamente como delanteros en las preferencias, se encontraban muy alejadas del resultado del PREP; la gran diferencia es el alcance mediático que tenían estas últimos respecto de las primeras.

El Código Federal Electoral, apenas menciona las encuestas y establece solamente que deben cumplir con los criterios generales de carácter científico que establezca el Consejo General del IFE.

¿Qué tan pasiva o activa ha sido la conducta del IFE ante estas irregularidades? Parece, en término generales, pasiva. Por una parte hay que entender que para que el IFE actúe es requisito previo que alguno de los Partidos, más concretamente el agraviado, presente una denuncia. Entre las facultades del IFE no se encuentra la anulación o reposición del proceso electoral, por denuncias de esta naturaleza sino la imposición de multas. Hay que entender también que hay asuntos en los cuales la línea entre la libertad de expresión y la violación a un precepto legal electoral es muy delgada. Pero sobre todo hay que entender lo difícil que resulta recopilar material probatorio en estos casos y la pasividad de los partidos políticos, quienes cuando deciden presentar denuncias pocas veces se documentan.

Ausencia de segunda vuelta. Recuerdo que en 2006 algunas personas que reconocían (aunque sea hipotéticamente) el resultado oficial de las elecciones; cuestionaban la legitimidad del proceso electoral por el hecho de que Felipe Calderón había recibido poco más de 15 millones de votos, en un padrón electoral de 71 millones y con un voto efectivo del 62% del patrón.

La segunda vuelta electoral, surgía desde entonces como una alternativa muy sensata para solucionar problemas de legitimidad, en una sistema eminentemente tripartito y con alto abstencionismo.

Esta elección era una buena oportunidad para probar la segunda vuelta y evitar un conflicto postelectoral. Tal vez no resuelva por sí sola el problema de legitimidad, pero que no haya sido incluida en la reforma electoral parece una omisión bastante reprochable.

Nosotros siempre creímos que el proceso sería cerrado y en tercios; tal vez no lo fue tanto, pero sí más de lo que muchos preveían; la segunda vuelta podría haberse sometido a prueba como un medio de solucionar problemas de legitimidad.

Momento y forma de determinar al ganador. El anuncio del Consejero Valdés Zurita sobre el triunfo virtual de Peña Nieto, apareció nuevamente como algo cuestionable. Creo que siempre genera escepticismo que se nombre un ganador (aunque sea virtual) a unas cuantas horas de haber terminado un proceso electoral en el que votaron casi 50 millones de personas.

Además el hecho de que se determinara el virtual ganador por Conteo Rápido y no por PREP, cuando los esfuerzo del IFE estuvieron siempre orientados a publicitar y defender la validez del PREP y no del Conteo Rápido. El asunto aquí es que el conteo rápido que no pudo determinar un ganador en 2006 (originando una serie de críticas y dudas) ahora sí aparecía claro, entonces se prefirió esta herramienta a esperar el PREP.

Conciliar la suspicacia que genera la incertidumbre de no saber de inmediato, a las cuantas horas, quién se perfila como ganador, con el escepticismo de que un conteo muestral sea suficiente para perfilar un ganador parece imposible. Es evidente que el PREP tiene un resultado meramente informativo, el IFE lo ha repetido hasta el cansancio; en este sentido parece bastante útil, pero creo que el discurso de que en caso de que se confirme será el ganador no debería haberse pronunciado. El anunció de Valdés debió haberse limitado a dar el resultado del conteo rápido, en el mejor de los casos y en un futuro, corrigiendo irregularidades, a esperar el resultado del PREP. Así mismo se debería prohibir tajantemente que algún candidato se pronunciara ganador antes de terminado el cómputo distrital y yendo aún más lejos, esperando a recibir la constancia de mayoría.

Mi crítica aquí aparece poco clara, pero lo que sí es claro es que en 2006 sin conteo rápido y con PREP y en 2012 con conteo rápido y PREP; han surgido dudas y fuertes críticas. De los perdedores dirán algunos, tal vez, pero suficientemente importantes para generar una gran incredulidad.

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En este mundo donde la gran mayoría defiende partidos políticos, posturas políticas y liderazgos carismáticos; nuestra asociación ha buscado defender y promover los derechos civiles y políticos, particularmente el voto y destacar el papel relevante que éste juega en la construcción de ciudadanía y de una régimen democrático.

Nuestra postura es que las instituciones no tienen un valor intrínseco, su valor es meramente instrumental, es decir solamente en la medida en que una institución cumple con su objetivo es valiosa. En el caso del IFE y la legislación electoral, son valiosas en el caso de que cumplan su tarea de proteger y hacer posible el ejercicio del derecho político-civil del sufragio.

Cuando propusimos las cartas por la democracia, documentos que presentamos a los candidatos para que se obligaran a respetar el resultado de las elecciones según el cómputo del IFE y en caso de impugnación, hacerlo mediante la vía institucional, acatando como decisión última la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); lo hicimos creyendo firmemente que el IFE y TEPJF eran árbitros más idóneos para determinar el resultado de las elecciones que los propios partidos políticos o los grupos allegados a los candidatos.

Defender la vía institucional (en este caso los resultados del IFE y las resoluciones del TEPJF) no quiere decir que uno debe cerrarse a la crítica, ni tampoco entregarse a la creencia de que los procesos son perfectos y que no pueden llegar a estar viciados.

Partiendo de esto es que hemos hecho este ejercicio de autocrítica, queremos someter a escrutinio al IFE y al sistema democrático con la esperanza de vislumbrar si cumplen o no su objetivo.

Sucede que todo ha pasado tan rápido y sería prematuro emitir una opinión sobre los resultados del PREP y el conteo rápido (recordemos que son informativos), sobre los errores que se cometieron, algunos tienen que ver con el diseño institucional y otros son humanos (errores honestos algunos y otros serán violaciones a la legislación electoral.)

A estas alturas cuando sometemos a escrutinio lo que hasta ahora sabemos, nos percatamos, si somos objetivos, que no hay un resultado definitivo. En primera instancia porque no se ha hecho el cómputo distrital (acompañado del recuento voto por voto) como lo marca la ley; y en segundo lugar, porque no se ha resuelto la impugnación que con toda certeza (ahora ya lo sabemos) interpondrá López Obrador,  en caso de no ganar la elección.

Suponiendo que el cómputo distrital y recuento voto por voto, dé cómo ganador a Peña Nieto, es factible que así sea, las elecciones serán impugnadas, se habrán recabado muchas pruebas de quienes aleguen la existencia de un fraude. Siempre decía yo que las cartas por la democracia (o por ejemplo el pacto de civilidad) tendrían por efecto que los partidos se documentaran lo mejor posible para probar los alegatos de violación a disposiciones electorales.

¿Cómo resolverá el TEPJF?  No es posible saberlo con certeza; mucho dependerá del cómputo distrital; si tomamos en cuenta las decisiones previas de este Tribunal, particularmente la de 2006, habría algunos indicios para creer que el material probatorio recabado (por ejemplo han circulado pruebas de que actas del PREP que muestran una participación ciudadana superior al 100% en las casillas y se ha documentado la compra y coacción de voto) sería insuficiente para que el TEPJF considerará que es lo suficientemente relevante para anular una elección con una diferencia de más de 3 millones de votos entre quien impugna y quien obtuvo más votos (suponiendo que el conteo distrital arroje resultados similares al PREP)

Lo que es un hecho es que las instancias legales se agotan y en caso de que la resolución del TEPJF no ordene anular este proceso electoral y reponerlo, habrá grupos que desconocerán esta resolución. No tomará a nadie por sorpresa pues grupos que han “desconocido” al IFE y sus consejeros desde largo tiempo atrás; estos días hay quien habla de revolución no se aclara que se entiende por esto, pero suena el desconocimiento de cualquier tipo de resolución institucional.

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Al día de hoy (4 de Julio) aún no se ha realizado el cómputo distrital, tampoco se ha impugnado el resultado ante el TEPJF, ni éste ha emitido sentencia alguna. Tenemos elementos relevantes para especular escenarios posibles. Nosotros hoy no salimos a defender ciegamente al IFE, ni al PREP, tampoco al sistema electoral en su conjunto. Desde hoy lo estamos sometiendo a prueba, desde hoy lo criticamos.

Lo cierto es que aún con sus críticas y con las denuncias que diariamente surgen; el IFE nos sigue pareciendo un árbitro más apto que un candidato, un partido y algunos de sus simpatizantes. El resultado al que se llegue con el cómputo distrital, lo entendemos como válido, pero claro que se puede demostrar en un juicio lo contrario ¿Pero qué pasaría con la sentencia del TEPJF? La sentencia también debe ser sometida a un escrutinio, pero nosotros reconoceremos su validez, porque esa es la vía que hemos elegido: la institucional.

En este proceso electoral todos hemos actuado como jueces, hemos condenado instituciones, al IFE y sus consejeros, sin la más mínima información previa de trayectorias y gestiones; hemos condenado una jornada electoral, algunos salimos a cubrirla como observadores electorales, de estos muchos alegan irregularidades y afirman estar bien documentados (es muy probable que lo estén) pero otros no presenciamos irregularidades ni delitos electorales, pero lo cierto es que se dice poco de los funcionarios de casilla que hicieron posible que casi 50 millones de personas depositaran su voto. Esperemos por el bien de todos que nuestros árbitros el IFE y TEPJF, deliberen con más elementos probatorios que aquellos con los que nosotros lo hacemos todos los días.

En una sociedad que aspira a ser democrática debemos de mantener todos un espíritu autocrítico, debemos asumir responsabilidades y estar consientes de que nadie posee la verdad absoluta. Recordemos que el diálogo y la deliberación pública, son formas de construir democracia, tenemos que practicarlas recurrentemente. Pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que la vía institucional y hasta donde entiendo ese es el juego en el que los contendientes en estas elecciones decidieron participar, tiene un principio y un fin.

 



[1] Me parece conveniente aclarar, que esto se refiere más problemas del proceso electoral y no a la reforma política y del Estado ( a veces coinciden a veces no). Por ejemplo no consideramos aquí el referendo, la revocación de mandato y las candidaturas independientes; aunque creemos en su validez y en la necesidad de implementarlas, pues no son importantes para este análisis.