FORO_M_XICO

Seminario “México Electoral”

12 mayo, 2015Generación X La Democracia Sin comentarios

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SEMINARIO: “MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS JÓVENES”

¿No sabes si vale la pena ir a votar o no?    ¿No sabes qué hace un diputado?   ¿No te queda muy claro lo de los candidatos independientes? Es la primera vez que votas y ¿No sabes ni cómo llenar la boleta?  ¿Estás cansando de tanta propaganda y lo que quieres es conocer propuestas concretas?

Nosotros podemos ayudarte.

Generación X la Democracia A.C. en alianza con el Bachillerato Liceo Michoacano, impartirá el seminario “Mecanismos para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los jóvenes” los días sábado 16 y 30 de Mayo, en las instalaciones del Liceo Michoacano ubicado en Avenida Madero Oriente #657, Col. Centro, Morelia Michoacán.

¿En qué consiste? Es un curso interactivo, innovador y creativo. La idea es ofrecer información que contribuya a la mejora del ejercicio democrático, mediante la toma de conciencia respecto de la importancia del voto y de los mecanismos electorales, así como la rendición de cuentas.

¿Cuál es el objeto? La finalidad es crear una cultura de participación política y de pensamiento crítico informado, incentivando el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los jóvenes mexicanos.

¿Quiénes están invitados? Está dirigido a jóvenes entre 17 y 20 años, alumnos de preparatoria o licenciatura, pero la invitación está abierta a todos los interesados.

¿Cuándo se imparte? Habrá dos sesiones: sábado 16 de mayo y sábado 30 de mayo de 9:30 a 13:00.

¿Cómo me inscribo? Para asistir tienes que inscribirte en línea. Lo puedes hacer aquí. No tardes, hay cupo limitado.

¿Cuánto cuesta? ¡El curso es gratuito! Así que no tienes excusa. Asiste.

Recuerda no es un curso de adoctrinamiento político, somos apartidistas y plurales, no te vamos a decir qué hacer, mucho menos por quién votar, la decisión la tomas tú, pero la debes tomar bien informado.

Da click aquí para conocer más información del curso.

 

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Iguala sí es el Estado mexicano

13 noviembre, 2014Generación X La Democracia 1 Comentario

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Iguala sí es el Estado mexicano.

@GabrielBaltaza

Iguala no es el Estado mexicano. Esta fue la respuesta del Procurador Murillo Karam a una de las preguntas (más bien formulada a manera de afirmación) que le hizo una reportera durante la conferencia de prensa del viernes pasado: “Hay algunas voces que hablan de crimen de Estado.” ¿Qué significa su respuesta? Se los adelanto, significa que a partir de la negación de la existencia de “un crimen de Estado”, el Estado mexicano pasa a no reconoce tener responsabilidad alguna en el crimen que fue perpetrado en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y, se los advierto, este será el discurso oficial del Gobierno Federal.

 

Lo que sostengo aquí es que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad en el homicidio de seis personas y desaparición forzada de 43 más cometidos en Iguala. Lo cual, por cierto, no equivale necesariamente a sostener que hubo “un crimen de Estado”, aunque sí hubo crímenes cometidos por el Estado.

 

Para no sacar la frase de contexto hay que recordar que, antes de decir que Iguala no es el Estado mexicano, el Procurador llamó la atención de quien preguntó y le advirtió: “Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor.” Por este motivo, voy a tomar mis precauciones, y antes de que el Procurador me reprenda por usar conceptos de manera irresponsable, quiero dedicar unas líneas a ver si puedo sostener mi afirmación y, también, a ver si se sostiene la de él, clarificando conceptos y contrastándolos con hechos.

 

Decir que Iguala no es el Estado mexicano, es bastante ambiguo y como el Procurador ya estaba ciertamente cansado para aclararnos lo que quiso decir, trataré de hacerlo por él. Para no extenderme, voy a referir sólo a dos significados de la expresión, uno explícito y el otro implícito. El explícito (tomando en cuenta toda que se dijo en la conferencia de prensa) es que los actos delictivos cometidos en Iguala no fueron perpetrados por el Estado mexicano, que sí existió participación del ex-Presidente Municipal Abarca (como autor intelectual) en la desaparición forzada de los estudiantes y de la policía local (como autor material) de la desaparición y homicidio (de los estudiantes y el futbolista que ahí perdieron la vida), pero que estos delitos no son suficientes para hablar de “crimen de Estado”, ni tampoco suficientes para hablar de responsabilidad del Estado mexicano. En cambio, el Estado mexicano, según Murillo Karam, a través de la Procuraduría General sí asumió y cumplió, o está cumpliendo, cabalmente con la responsabilidad que tiene en su ámbito de competencia, pues está llevando a cabo una investigación que, según dice, ha sido muy exitosa. En resumen, según el Procurador, el Estado mexicano no es responsable de los crímenes de Iguala porque se tratan de actos delictivos cometidos por un Presidente municipal, policías y una organización criminal, sin que el “Estado mexicano” haya tenido participación activa o pasiva en la comisión de esos delitos y que sí, en cambio, el Estado mexicano ha hecho todo lo que está en sus manos para solucionarlo.

 

El significado implícito es, tal vez, el más perturbador. Iguala no es el Estado mexicano equivale a decir Iguala (bien podría haber dicho Guerrero) no es parte del Estado mexicano. Esto es, Iguala, como muchos otros municipios (y estados) que sucumbieron al control de la delincuencia organizada, son espacios físicos que se ubican en territorio mexicano, con población mexicana, pero donde no gobierna el Estado mexicano. Y no gobierna el Estado mexicano por dos motivos: porque el Estado mexicano los abandonó y porque el vacío de poder lo ocupó la delincuencia organizada. Esa afirmación por dolorosa que parezca es casi imposible de refutar (parece haber un cierto consenso nacional e internacional al respecto). Lo que resulta ofensivo es la conclusión a la que arriba el Procurador a nombre del Gobierno Federal: en la ausencia del Estado mexicano y el control de la delincuencia organizada del espacio público, no hay responsabilidad del Estado mexicano.

 

Antes de seguir me gustaría dejar en claro un concepto, sobre el cual, el Procurador parece estar confundido. En el Estado mexicano existen tres órdenes de gobierno: Federación, Estados y Municipios. O en otras palabras, el concepto de Estado mexicano no equivale solamente a Gobierno Federal, sino también a Gobiernos estatales y municipales. Entonces, dentro de sus facultades y responsabilidades, las acciones de un alcalde, un gobernador, un presidente y la policía o el ejército son atribuibles al Estado mexicano. En este sentido, si un alcalde, en ejercicio de sus facultades, comete un delito podemos hablar, sin temor a incurrir en un error conceptual, de que existe responsabilidad del Estado mexicano.

 

Pero la responsabilidad del Estado mexicano no se limita a que el Alcalde Abarca en ejercicio de su encargo (si se me permite este sinsentido) y los policías en cumplimiento de sus órdenes, hayan cometido el delito de desaparición forzada y homicidio, sino que existe también responsabilidad del Estado mexicano por acción y omisión en este crimen y en muchos más que comparten rasgos en común, cometidos de forma sistemática en contra de la población mexicana y migrante, como consecuencia del abandono por parte del Estado mexicano en que se encuentra una parte del territorio de este país. Por este motivo es que es preciso que recordemos que lo que sucedió en Ayotzinapa no es un hecho aislado y atípico, en el que la responsabilidad del Estado mexicano se limita a perseguir y castigar a quienes lo cometieron, sino que el Estado mexicano es responsable por crear o, si se quiere, por permitir mediante el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales las condiciones sociales en las que este crimen sucedió.

 

He aquí unas cifras que explican Iguala, Guerrero y México. De acuerdo con el último informe del CONEVAL, en México 48% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras que en el Estado de Guerrero esta cifra asciende hasta 68% y 31% en situación de pobreza multidimensional extrema. Por su parte, los indicadores de carencias sociales del mismo estudio, basados en los derechos fundamentales sociales y económicos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, arrojan resultados igualmente desastrosos: 80% de los guerrerenses no tienen acceso a la seguridad social, 57% no tiene acceso a la salud pública y 33% no tiene garantizado el acceso a la alimentación. Lo anterior pone de manifiesto la omisión del Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a garantizar los derechos fundamentales (sociales y económicos) de una buena parte de la población, como el caso de Guerrero.

 

Como consecuencia de un Estado mexicano omiso en sus obligaciones y ausente, incapaz de garantizar las condiciones indispensables para la vida digna de una buena parte de la población, los espacios públicos fueron ocupados por la delincuencia organizada. Aunado a lo anterior, debido a una irreflexiva, mal enfocada y costosísima (en dinero y vidas) estrategia de “combate” a la delincuencia organizada, tenemos que de diciembre de 2012 a junio de 2014 en México se registraron (según cifras oficiales) 28 mil 215 homicidios dolosos. Guerrero, por su parte, es la segunda entidad federativa con más homicidios, tan sólo en lo que va del año 2014 (la última medición es de septiembre) se han cometido más de 1,700 homicidios, alcanzando el país en 2012 una tasa de 21.5 homicidios por cada 100,000 habitantes y en 2013 una tasa de 19 por cada 100,000. Estas cifras por sí solas son sumamente preocupantes, pero se vuelven aterradoras cuando las comparamos con el promedio mundial de la tasa de homicidios que fue en 2012 de 6.2 por cada 100,000 habitantes e incluso en territorios inestables o en guerra como Irak (8.0 homicidios por cada 100,000), Siria (2.2 homicidios por cada 100,000) y Afganistán (6.5 homicidios por cada 100,000), lo cual evidencia que la tasa de homicidios es absolutamente inaceptable en cualquier país que se jacte de la existencia de un Estado de derecho.

 

Otros problemas que resultan indispensables para entender el contexto en que se cometieron los crímenes de Iguala son la corrupción rampante y la impunidad (casi) absoluta que reina en México. Así, según Transparencia Internacional, México ocupó en 2013 el lugar 106 de 177 en cuanto a percepción de corrupción, lo cual explica la complicidad de los funcionarios públicos al “servicio” del Estado mexicano con la delincuencia organizada e, incluso, la institucionalización del crimen organizado mediante la designación y elección de funcionarios públicos que responden o pertenecen directamente a las organizaciones delincuenciales. La impunidad en México, por su parte, alcanzó en 2013 la escalofriante cifra de 93.8%, lo que quiere decir que de cada 100 delitos que se cometieron sólo se castigaron 6, mientras que el estado de Guerrero ocupó el primer lugar con un índice de impunidad de 96.7%, lo cual implica que las posibilidades de ser castigado por la comisión de un delito en Guerrero son casi nulas. Estos indicadores evidencian la incapacidad (y en muchos casos la complicidad) del Estado mexicano para hacer frente a las desastrosas condiciones sociales e institucionales en que se encuentran el estado de Guerrero y muchos otros lugares del país.

 

Así, si tomamos el contexto en que sucedió Iguala, el abandono del Estado mexicano que se traduce en violación sistemática de los derechos fundamentales de un gran número de personas, por la incapacidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales sociales y económicos, y la incapacidad de implementar políticas públicas eficientes de recuperación de los espacios públicos que son controlados por crimen organizado o por autoridades coludidas con la delincuencia, tenemos que la responsabilidad del Estado mexicano va más allá de la participación del ex-alcalde Abarca y los policías que ejecutaron sus órdenes en la desaparición forzada y homicidio (de aquellos que murieron en el acto), o de la tardanza con que la Procuraduría del Estado de Guerrero y, potencialmente, de la Procuraduría General de la República en investigar sobre el paradero de los jóvenes, o de la incompetencia del ex-Gobernador de Guerrero para contener este crimen cuando se estaba cometiendo, o de la falta de una investigación en contra de Abarca cuando se ha documentado que tanto la PGR como el PRD tenían información sobre un homicidio que se le imputa y de su pertenencia a un grupo criminal. No, la responsabilidad del Estado mexicano existe, además, porque lo que pasó en Iguala es producto de la incapacidad del Estado mexicano para contrarrestar la pobreza multidimensional en que viven la mitad de los mexicanos y más del 60% de los guerrerenses, porque el estado Mexicano es uno de los más corruptos del Mundo y porque en este país se puede matar o desaparecer a alguien con la plena convicción de que no habrá ninguna consecuencia.

 

De que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en los crímenes de Iguala depende, no sólo que se castigue a los responsables de este acto monstruoso y se repare el daño sufrido por las víctimas y sus familias, sino también que se implementen las políticas públicas que se requieren para que el Estado mexicano regrese a los lugares que hace mucho tiempo abandonó y se ponga a hacer su trabajo, es decir, implemente políticas públicas que sean exitosas en contrarrestar las carencias sociales, para a su vez, poder contrarrestar los efectos devastadores del reino de la corrupción y la impunidad que impera en este país. Quien no reconoce su culpa, no asume su responsabilidad y quien vive en este estado de negación, nada hace para mejorar, por eso debemos insistir en que Iguala sí es el Estado mexicano.

 

Así como hay algunas voces que claman que no puede hablarse de “crimen de Estado”, lo cierto es que esto no justifica bajo ninguna circunstancia que el Estado mexicano niegue, por un lado, su responsabilidad en los crímenes de Iguala y, por el otro, que hubo crímenes cometidos por el Estado.

 

 

Apéndice.

 

En lo que a desapariciones forzadas se refiere, Humans Right Watch señaló que de 2007 a 2013 se documentaron 250 casos, mientras que el número total de desaparecidos en México (hasta el 2012) es de al menos 25,000 personas. Si tomamos en cuenta que el Estatuto de Roma define como crimen de lesa humanidad aquel que “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, entre los que se encuentra la desaparición forzada, es posible afirmar, como lo viene haciendo Amnistía Internacional, que los actos perpetrados en Iguala son crímenes de lesa humanidad.

 

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GANARSE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD: EL RETO DE PEÑA

4 junio, 2013Generación X La Democracia Sin comentarios


@Jaztrevino

*

Cuando habían transcurrido sólo tres meses de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto mostró a los mexicanos de qué manera se iba a gobernar de entonces en adelante, dejando un mensaje de combate a la corrupción muy claro: castigar a los funcionarios públicos que incumplan con la ley sin importar posiciones ni jerarquías. Al parecer el PRI de mano dura está de vuelta, ¿acaso es una cucharada de sopa que necesitan saborear los mexicanos para volver a creer en sus instituciones?

 

Primero se trató de “La maestra” Elba Esther Gordillo, el pez más gordo con el que no habían podido los gobiernos anteriores. ¡Por fin cayó! exclamaron los mexicanos, después de haberla capturado y encarcelado por acusación de desvío de fondos y apropiación de dos mil millones de pesos, aproximadamente, de manera ilegal. El presidente envió la primera señal positiva a los mexicanos; sin embargo, elevó las expectativas de actuación frente a otros casos.

 

No pasaría mucho tiempo, hasta que, en el mes de mayo, la opinión pública se centró en una joven: la hija del ex director de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Humberto Benítez Treviño, quien protagonizó un escándalo a causa de un “berrinche” personal porque no le respetaron su lista de espera en un conocido restaurante de la ciudad de México, haciendo llamar a funcionarios de dicha agencia del gobierno mexicano para clausurarlo, acción que le costaría el puesto a su papá. En las redes sociales inmediatamente la hicieron llamar como “Lady Profeco”.

 

Benítez Treviño se disculpó por la conducta de su hija; sin embargo, se negó a renunciar a su cargo, acto que obligó al presidente Peña Nieto tomar otra decisión anticorrupción contundente en su gobierno: la destitución del cargo de Benítez. El presidente consideró que este caso había dañado la imagen y prestigio de la PROFECO, enviando el mensaje de que no habría privilegios para los funcionarios que hicieran mal uso de sus facultades.

 

Esta acción del presidente fue tomada positivamente por los mexicanos. Al parecer estaban acostumbrados tanto a la poca sensibilidad de los gobernantes como al nepotismo político que el castigo lógico del mal ejercicio de poder resultó sorprendente. Pareciera que el presidente quiso dar una lección de credibilidad, pero ¿hasta qué punto la compraron los mexicanos? Si bien, de acuerdo a resultados recientes en encuestas, el nivel de aprobación presidencial es positivo, del 55%*, pero no suficiente ni bueno para el arranque de la nueva administración federal, sin embargo con dichas decisiones anticorrupción podría empezar a aumentar positivamente dicha tendencia.

 

Las causas del escepticismo de los mexicanos con este nuevo gobierno se deben principalmente a que más del cincuenta por ciento de los mexicanos no votó por Enrique Peña Nieto para presidente, igualmente se debe a la imagen histórica desfavorable de los gobiernos del PRI y asimismo, a que los actuales logros del gobierno siguen siendo desconocidos para los mexicanos.  Estas son algunas de las causas por las que el regreso del PRI al gobierno hace que la gente piense detenidamente en otorgarle una  “segunda oportunidad”.

 

En este contexto, tanto el caso de “La maestra” como el de “Lady Profeco” sencillamente demostraron que el nuevo gobierno priista no es muy distinto al de hace dos sexenios y que está retomando viejas prácticas autoritarias de disciplina entre servidores públicos, actitudes que, paradójicamente, están dando resultados de confianza entre los mexicanos; sin embargo, nuevas prácticas como el uso de redes sociales y la tecnología también están ayudando a incidir de manera positiva en la confianza y la rendición de cuentas de los mexicanos, ya que por medio de Twitter o Facebook se está permitiendo vigilar las acciones de gobierno, y como ejemplo, el constante reclamo social que ocasionó la actitud prepotente de la conocida “Lady Profeco”, la cual terminó en el cumplimiento del ejercicio del poder.

 

 

 

*Las opiniones vertidas en esta publicación son de quien las emite y no necesariamente reflejan la opinión de Generación X la Democracia.

** “México: Política Sociedad y Cambio” -Escenarios- , GEA-ISA, Marzo 2013.

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¿(Des)obediencia civil?

2 septiembre, 2012Generación X La Democracia 6 Comentarios


 

¿(Des)obediencia civil?

@gabrielbaltaza

 

Andrés Manuel López Obrador convocó a la desobediencia civil. Esto sucedió la mañana siguiente de la resolución del Tribunal Electoral que declaró infundada, por votación unánime, la acción interpuesta por Movimiento Progresista para invalidar las elecciones y unas cuantas horas antes de la entrega de constancia como presidente a Enrique Peña Nieto.

Antes de escandalizarnos por la invitación a la desobediencia civil, estas palabras tienen una fuerte carga emotiva, les pido que usemos un poco la razón e indaguemos más allá de lo inmediato, sobre su significado y sus posibles consecuencias.

El término desobediencia civil fue popularizado por Henry Thoreau en un famoso ensayo con este título, en el que narraba su negativa a pagar un impuesto que él consideraba injusto, pues alegaba: “no quiero ser considerado como miembro de alguna sociedad corporizada a la que no me he adherido.”[1] Thoreau fue encarcelado como consecuencia de esta acción, su objeción radicaba en el hecho de que creía que el gobierno de los Estados Unidos no representaba la voluntad del pueblo, sino la voluntad de algunos cuantos, prueba de ello era la invasión injustificada a México. El gobierno más que servir al pueblo, decía Thoreau, se había convertido en un estorbo, el pueblo americano habría logrado mucho más “si el gobierno no se hubiese interpuesto a veces en su camino.”

La “obediencia (desobediencia) civil”, es una expresión con gran arraigo en la tradición contractualista. Permítanme hacer una descripción breve e incompleta, pero que nos será útil, del contractualismo. Estas teorías explican la existencia de un Estado a partir de un contrato -real, en sus versiones más burdas, o hipotético, en sus versiones más serias- mediante el cual los individuos aceptan renunciar a una parte de su libertad en aras de proteger ciertos “bienes” (políticos más que económicos), derechos y libertades, del potencial menoscabo que otras personas con  intereses opuestos podrían causarles. Entonces, se ponen de acuerdo para elegir aquellas instituciones -el Leviatán en el caso de Hobbes o la estructura básica en el caso de Rawls- que mejor puedan proteger las libertades y bienes que son valiosos para las partes contratantes.

 Pensemos entonces en un contrato social hipotético -es asombroso el grado de complejidad que adquiere dicho contrato en las versiones modernas, por ejemplo la de Rawls y también, en la de Nozcik, quien asimila este contrato a un contrato de seguro- firmado por todos los individuos que conforman la población o sus representantes, quienes están obligados a cumplir con todas las cláusulas pactadas. Si el proceso de creación institucional cumple con los pasos hipotéticos que plantean los contractualistas, las instituciones y normas serán justas (cada filósofo político posee un concepto de justicia distinto). Sin embargo algunos autores (i.e. Rawls) reconocen que, debido a su naturaleza hipotética, el contractualismo ofrece una pauta, un estado de cosas ideal, que nos sirve para comparar con la realidad imperfecta, en la cual sí existen procedimientos de creación institucional injustos o ilegítimos, que tienen como producto instituciones injustas.

Es en estos casos es cuando se plantea la posibilidad -en algunos autores, claro- de la “desobediencia civil”. Esto es, los individuos están legitimados para incumplir con las cláusulas a que se habrían obligado en el contrato social, porque hay instituciones injustas, que violan o permiten que se violen las libertades y bienes que se consideran valiosos en esa sociedad.

Quisiera ahora referirme concretamente a Hobbes, por tratarse de un caso extremo, ya que al ser un defensor de la primacía de la legalidad formal y por considerar la legitimidad como un rasgo irrelevante, ha sido un teórico predilecto de regímenes que provienen de orígenes no democráticos y que son violatorios de libertades y derechos. Lo que muchos olvidan, de forma intencional seguramente, es que aún Hobbes contempla la existencia de derechos inalienables. Puede presentarse un único caso en el que la “desobediencia civil” se encuentra legitimada, esto sucede cuando dichos derechos se violan, particularmente, cuando los procesos judiciales permiten la “autoincriminación” y dañan la integridad (por permitir confesiones bajo tortura); así mismo cuando se encuentran una norma amenaza las propiedades o la vida de algún individuo. Esto nos muestra que para Hobbes la vida y la propiedad son los bienes de mayor valor para los seres humanos y como tales, son inalienables, por lo que su violación representa un injusticia de tal magnitud que no se puede soportar. [2]

En ejemplos más recientes y sistematizados, podemos mencionar la defensa que hace Ronald Dworkin de los derechos en serio, y la posibilidad inminente de una “desobediencia civil” en caso de que no se respeten. Pues “tomarse los derechos en serio supone preservarlos en todo caso frente a cualquier objetivo colectivo de la mayoría; es más, la desobediencia a la ley no es un derecho autónomo, sino que constituye una característica de todo derecho fundamental que lo sea auténticamente: desobedecer la norma que vulnera nuestro derecho es hacer patente que somos sus titulares.”[3]

 En este mismo sentido “Rawls menciona tres condiciones que han de cumplirse para que se dé una desobedien­cia civil justificada: la protesta debe dirigirse contra casos muy concretos de injusticia manifiesta; es necesario que se hayan agotado las posibilidades de acción legal correspondientes al caso y las actividades de desobediencia no pueden alcanzar dimensiones que pongan en peligro el funcionamiento del orden constitucional.”[4]

Entonces la “desobediencia civil” es un acto ilegal que no puede darse en abstracto, sino concretamente respecto de aquellas instituciones y normas (esto incluye leyes, reglamentos y resoluciones) que vulneren algún derecho, libertad o bien.  Además deben cumplirse estos requisitos “el infractor de la norma prescinda de la violencia, esté motivado por razones político-morales, no rechace el resto del ordenamiento jurídico y acepte las consecuencias penales de sus actos.”

 Tomemos el caso de Rosa Parks; una mujer afroamericana, quien se negó a obedecer al chofer de un autobús que le ordenaba ceder su lugar a un hombre blanco y moverse al fondo del vehículo; como lo establecía una norma segregatoria vigente en ese época en Estados Unidos. Rosa Parks fue detenida, multada y posteriormente encarcelada, por su negativa a cumplir con esa norma y por haber causado una “perturbación del orden”. Estos sucesos dieron origen a la creación de Montgomery Improvement Association, presidida por Martin Luther King, la cual organizó con gran éxito un boicot a los autobuses Montgomery. Nos enfrentamos aquí a un caso de “desobediencia civil” en todo el sentido del término, pues se incumple con una norma directamente violatoria de derechos y libertades (particularmente del principio de igualdad),  se hace con un apego al menos mínimo a la constitución (pues el principio de igualdad está contemplado por la Constitución americana), se lleva acabo de manera pacífica y se aceptan las consecuencias penales de los actos.

 Por otra parte ¿qué sucede con las marchas y ocupaciones pacíficas? En estos casos, me parece que no estamos ante una desobediencia civil propiamente dicha, por el simple hecho de que no se está incumpliendo con ninguna norma violatoria de derechos fundamentales; si acaso se habrán de incumplir disposiciones de reglamentos de tránsito o de ley de cultura cívica, pero esta normas no tienen conexión alguna con el padecimiento de alguna violación a derechos y libertades. Estamos todavía en el marco de legalidad y de la “obediencia civil”.

 En el caso de la toma de casetas de autopista estamos ante un acto ilegal pero no de desobediencia civil, pues aunque se están incumplido un buen número de normas jurídicas y se están afectando directamente la esfera jurídica de otros, no queda claro qué relación tienen estas conductas con las normas que afecten derechos y libertades, y que relevancia (más allá de algún tipo de alcance mediático) pueden tener estas conductas en un cambio social relevante.

 En el caso que nos ocupa, en el fondo, me parece que la desobediencia civil es convocada por López Obrador como consecuencia de la “inexistencia de una auténtica democracia”.  Cuya carencia en principio me parece lo suficientemente relevante para cuestionar cualquier Estado. Pero la “democracia” no es en sí misma un derecho, es un sistema político,  que tiene lugar cuando el Estado garantiza ciertos derechos y libertades y ha puesto a funcionar su aparato institucional, para permitir su ejercicio. En este sentido el análisis que habría que hacer es ver cuáles instituciones y normas y en qué medida (a estas alturas se han hecho algunos alegatos que permiten afirmar, al menos, que no fue un proceso perfecto)  han violado o dejado de garantizar los derechos y libertades de las personas y si éstas fallas del Estado son suficientes para afirmar que no existe una auténtica democracia, así sin matices. Este análisis no obstante debe hacerse mediante un proceso racional y objetivo, y no mediante la simple intuición subjetiva.

 La historia del Siglo XX nos mostró la posibilidad de una desobediencia civil legítima y capaz de cambiar la historia. Las vidas de Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y Aung San Suu Kyi (todos ellos “Demócratas de la semana”), nos mostraron predicando con el ejemplo cómo la resistencia ante regímenes injustos y violatorios de derechos humanos, puede romper paradigmas y transformar a las dictaduras en sociedades más plurales, democráticas y menos injustas. Esfuerzos todos, construidos con sacrificios, pero asistidos por la razón, los argumentos y la crítica informada.

Cuando digo que estos héroes nos mostraron con el ejemplo me refiero a que Mahatma Gandhi fue vejado, brutalmente golpeado y asesinado; Marthin Luther King fue apuñalado, arrestado y finalmente asesinado y Aung San Suu Kyi pasó 15 años privada de la libertad, entre arresto domiciliario y prisión. Todos ellos actuaron de forma pacífica, aceptaron estoicamente las consecuencia de su desobediencia civil y no se dedicaron a convocar a la gente a llevar acabo actos de sacrificio desde la comodidad de los fueros constitucionales y de una vida holgada.

 Entonces para aceptar o no la invitación de López Obrador, a reserva del anuncio de las actividades,  habría que seguir un proceso racional, argumentativo, antes de entregarnos una vez más a la pasiones. Estos pasos sugeridos pueden ser útiles:

 1 Conocer las libertades, derechos y bienes que son valiosos en nuestra sociedad. Una guía útil es el apartado de Derechos Humanos y sus Garantías, antes conocido como garantías individuales, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU y Convención Americana de los Derechos del Hombre, por mencionar los más indispensables.

 2 Conocer brevemente la historia de instituciones directamente involucradas en este proceso electoral IFE, TEPJF y si quisiera irse al documento fundacional de nuestro orden jurídico habría que estudiar el proceso de creación y reforma de la Constitución Mexicana.

 3 Estudiar objetivamente si el origen (procesos de creación) de estas instituciones y sus actuaciones (resoluciones o normas individualizadas) son lo suficientemente ilegítimas e injustas que estén violando el grupo más importante (esencial) de las libertades, derechos y bienes; de forma tal que sea insoportable y tengamos que implementar una desobediencia civil.

 4 Conocer el significado de desobediencia civil, aquí se mencionó alguno, y ver si las acciones convocadas por López Obrador coinciden con ese concepto.

 5 En caso de que se conozcan 1 y 2 y se haya decidido 3, considerar otras actitudes dentro de los límites de la legalidad y “obediencia civil” que podrían tener consecuencias lo suficientemente relevantes o incluso mayores, que las acciones convocada por la desobediencia.

 Se que muchos pensamos que ya hemos realizado todos estos pasos, o que las injusticias son tan evidentes, que es posible superarlos; pero no está de más hacer éste u otros ejercicios similares. Sobre todo ante una decisión tan importante y que desemboca en consecuencias serias. A mi entender López Obrador, quien al ser politólogo y político experimentado, se encuentra al tanto de todo lo expresado,  está convencido de que las alternativas legales se han agotado y que la desobediencia civil es el único paso a seguir. Seguramente lo acompañarán los miembros de su equipo que coincidan con él y quienes ante la imposibilidad de actuar por la vía legal, renunciarán a sus cargos públicos y por tanto a fueros y privilegios, pues es “tan inoperante la democracia” y “tan injustas e ilegítimas las instituciones”, que formar parte de ese andamiaje “ensucia” y “envilece”.

 Una actitud de semejante congruencia, me parece, es lo mínimo que merecen aquellos quienes mediante la razón y con una crítica informada, decidan unirse en esta aventura a Andrés Manuel López Obrador.


[1] Henry David Thoreau, Desobediencia civil http://www.kclibertaria.comyr.com/lpdf/l017.pdf

[2] Thomas Hobbes, Leviathan, Parts I & II

A Covenant to accuse ones Selfe, without assurance of pardon, is likewise invalide. For in the condition of Nature, where every man is Judge, there is no place for Accusation: and in the Civill State, the Accusation is followed with Punishment; which being Force, a man is not obliged not to resist. The same is also true, of the Accusation of those, by whose Condemnation a man falls into misery; as of a Father, Wife, or Benefactor. For the Testimony of such an Accuser, if it be not willingly given, is praesumed to be corrupted by Nature; and therefore not to be received: and where a mans Testimony is not to be credited, his not bound to give it. Also Accusations upon Torture, are not to be reputed as Testimonies. For Torture is to be used but as means of conjecture, and light, in the further examination, and search of truth; and what is in that case confessed, tendeth to the ease of him that is Tortured; not to the informing of the Torturers: and therefore ought not to have the credit of a sufficient Testimony: for whether he deliver himselfe by true, or false Accusation, he does it by the Right of preserving his own life.

[3] Juan Carlos Velasco Arroyo, Desobediencia civil y praxis democrática http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=715

[4]  Juan Juan Carlos Velasco Arroyo, Desobediencia civil y praxis democrática http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=715

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Defensa del voto y autocrítica.

4 julio, 2012Generación X La Democracia 3 Comentarios

Gabriel Baltazar

@gabrielbaltaza

 

 

Nota aclaratoria: Generación X la Democracia no recibe ningún tipo de patrocinio de partidos políticos ni del Instituto Federal Electoral. Somos una Asociación Civil integrada por unos cuantos jóvenes que aportamos  nuestro tiempo, trabajo y dinero para defender ideas en las que creemos.

 

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Cuando defiendes una idea te olvidas de la autocrítica. En un ambiente hostil, en el que te encuentras rodeado de gente que critica ferozmente el objeto que defiendes, la autocrítica parece suicida.

En el caso de fútbol cuando defiendes un equipo estás expuesto a tener detractores pero también aliados, defender al árbitro, en cambio, parece una tarea destinada al fracaso. Quien defiende al árbitro, se suele alegar, necesariamente apoya al equipo que ganó o al que pinta como favorito, defender al árbitro es solapar las prácticas deshonestas de los que ganaron con trampas.

La integridad ética y la objetividad son indispensables en la defensa auténtica de una idea. Enriquecerse con una idea no es necesariamente algo inmoral, por ejemplo un físico que hace su vida de defender una teoría.  Defender por el contrario el resultado de un comicio que proviene de una decisión arbitral para tener una ganancia económica afecta sin duda la objetividad y representa un serio problema ético.  Este no es el caso.

Nuestra integridad ética se sostiene desde nuestra falta de apoyos económicos o morales, de cualquier clase y nuestra objetividad se sostiene en el apartidismo que aún a costa de nuestra popularidad hemos mantenido.

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Estos meses los hemos dedicado a defender una idea, la democracia (entendida en este caso como el grado de participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes) hemos defendido esta idea no porque creamos que la democracia se reduzca a esto, la participación ciudadana debe extenderse a muchas otras de deliberación pública; la “coyuntura” electoral nos obligaba a defender este frente de forma inmediata, pues sin duda lo consideramos muy valioso.

El Instituto Federal Electoral (IFE) es un órgano autónomo constitucional. La autonomía del IFE tiene como objetivo preservar los principios de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad, que rigen a la función electoral del Estado (citando a Miguel Carbonell). Los órganos constitucionales autónomos, cuentan con capacidad de gestión y presupuesto propios.

Los órganos constitucionales autónomos son muy recientes (las Universidades empezaron a recibir autonomía en 1920) y el IFE, es autónomo apenas desde 1996. Las facultades del IFE tienen que ver necesariamente con el ámbito electoral, creer que el IFE es “el garante de la democracia” es otorgarle un papel que le queda grande, si reconocemos que la democracia incluye otras formas de participación política y deliberación pública; sin embargo su papel sí es muy trascedente, si entendemos que las elecciones desempeñan un papel especialmente importante en las democracias.

El IFE y su autonomía son producto de un diseño institucional, las atribuciones del IFE, sus procedimientos y organización están dictadas por la Constitución, leyes y reglamentos. Aún a pesar de su autonomía el IFE no es soberano, es decir no se autodetermina (esto es muy útil para comprender que muchos de los errores y aspectos a mejorar del IFE tienen que ver con su diseño y no con su gestión).

El IFE es y ha sido durante años blanco de los ataques de quienes, algunos mejor documentados que otros, han sostenido la existencia de un fraude electoral en 2006. Como consecuencia del problemático proceso electoral, de ese año, se implementó una reforma electoral, concertada por los partidos y con el ánimo de corregir los errores cometidos en esos comicios.

Más allá de si hubo un fraude en 2006 (una postura congruente institucional y legalista es respetar el resultado independientemente de que exista conformidad o inconformidad con el mismo) surgió evidencia de que el IFE, en conjunto con la totalidad del sistema electoral, no era infalible, ni muchísimo menos perfecto; es más, que estábamos ante un órgano y un sistema democrático reciente que apenas empezábamos a construir, que había que adecuar y mejorar de forma urgente.

Con la reforma se buscó, entre otras cosas, crear una forma de reparto más justo de tiempos electorales, ahora el IFE determina y administra la totalidad de los tiempos oficiales; existe una prohibición general, dirigida a “actores privados” a pagar tiempo para hacer propaganda a favor de algún partido y también se prohíbe la participación de los gobernantes en las campañas electorales.

Las reformas (aquí mencionamos apenas unas cuantas) han sido insuficientes; en este proceso han saltado a la luz problemas nuevos y también la prevalencia de algunos problemas antiguos que no se han corregido.

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En ese espíritu crítico, concluida la fase de los comicios electorales y en la antesala del post-electora proceso en la vía judicial electoral) es momento de hablar de las fallas, al menos tres que nos parecen evidentes. [1] No tenemos ninguna pretensión de exhaustividad, somos conscientes de que hay muchos otros problemas y seguro algunos más graves, pero consideramos necesario este ejercicio.

Injerencia de los medios de comunicación y las encuestas. Los partidos políticos seguirán buscando nuevas e ingeniosas formas de hacer propaganda política, escapando a las limitantes de la reforma electoral.

Los medios de comunicación siguen dando un trato desigual a los partidos políticos, los tiempos oficiales han sido administrados de forma correcta por el IFE, pero la selección arbitraria de información que se considera valiosa y relevante, para exhibir en noticieros de naturaleza meramente informativa, ha sido evidente.

Esa fue la exigencia que dio origen a YoSoy132, cobertura imparcial y presentación de información objetiva y relevante al electorado que no tiene acceso a internet. El “duopolio televisivo”, en complicidad con medios impresos, ha sido encontrado culpable (se trató de un juicio sumario) por la opinión de un gran sector, de vil manipulación.

Los poderes fácticos han quedado en evidencia como grupos que actúan impunemente violando de formas a veces sutiles, a veces no tanto, las legislación electoral. En este caso, se ha dicho hasta el cansancio, esto benefició a Enrique Peña Nieto y perjudicó a Andrés Manuel López Obrador.

Por una lado tenemos que entender que las atribuciones del IFE, escapan a la disolución de monopolios y por el otro, que el asunto parece más complejo que un contrato escrito entre un candidato y una televisora (como se ha tratado de mostrar); los pactos a esas alturas difícilmente consisten en contratos de prestación de servicio con cantidades y firmas de altos dirigentes. Precisamente en esto radica la dificultad de probarlo.

Las encuestas han sido otro tema de recurrente denuncia. Regular las encuestas, que como han dicho uno y otro bando tienen muchas posibilidades de ser interpretadas, es complicado. Hoy que están contabilizadas casi la totalidad de actas del PREP, resulta que en efecto algunas encuestas estaban completamente alejadas de la realidad, el más claro caso es Milenio Gea-Isa (en la última medición se dijo que la diferencia ente Peña Nieto y López Obrador sería de 18 puntos, cuando hubo tan sólo 6.5 puntos de diferencia según el PREP.) En otros casos parecía que de las distintas interpretaciones posibles se usaba aquella que beneficiara más a Peña Nieto. Nuestra postura objetiva, nos obliga a decir que las encuestas usadas por Vázquez Mota y López Obrador, que los ubicaban respectivamente como delanteros en las preferencias, se encontraban muy alejadas del resultado del PREP; la gran diferencia es el alcance mediático que tenían estas últimos respecto de las primeras.

El Código Federal Electoral, apenas menciona las encuestas y establece solamente que deben cumplir con los criterios generales de carácter científico que establezca el Consejo General del IFE.

¿Qué tan pasiva o activa ha sido la conducta del IFE ante estas irregularidades? Parece, en término generales, pasiva. Por una parte hay que entender que para que el IFE actúe es requisito previo que alguno de los Partidos, más concretamente el agraviado, presente una denuncia. Entre las facultades del IFE no se encuentra la anulación o reposición del proceso electoral, por denuncias de esta naturaleza sino la imposición de multas. Hay que entender también que hay asuntos en los cuales la línea entre la libertad de expresión y la violación a un precepto legal electoral es muy delgada. Pero sobre todo hay que entender lo difícil que resulta recopilar material probatorio en estos casos y la pasividad de los partidos políticos, quienes cuando deciden presentar denuncias pocas veces se documentan.

Ausencia de segunda vuelta. Recuerdo que en 2006 algunas personas que reconocían (aunque sea hipotéticamente) el resultado oficial de las elecciones; cuestionaban la legitimidad del proceso electoral por el hecho de que Felipe Calderón había recibido poco más de 15 millones de votos, en un padrón electoral de 71 millones y con un voto efectivo del 62% del patrón.

La segunda vuelta electoral, surgía desde entonces como una alternativa muy sensata para solucionar problemas de legitimidad, en una sistema eminentemente tripartito y con alto abstencionismo.

Esta elección era una buena oportunidad para probar la segunda vuelta y evitar un conflicto postelectoral. Tal vez no resuelva por sí sola el problema de legitimidad, pero que no haya sido incluida en la reforma electoral parece una omisión bastante reprochable.

Nosotros siempre creímos que el proceso sería cerrado y en tercios; tal vez no lo fue tanto, pero sí más de lo que muchos preveían; la segunda vuelta podría haberse sometido a prueba como un medio de solucionar problemas de legitimidad.

Momento y forma de determinar al ganador. El anuncio del Consejero Valdés Zurita sobre el triunfo virtual de Peña Nieto, apareció nuevamente como algo cuestionable. Creo que siempre genera escepticismo que se nombre un ganador (aunque sea virtual) a unas cuantas horas de haber terminado un proceso electoral en el que votaron casi 50 millones de personas.

Además el hecho de que se determinara el virtual ganador por Conteo Rápido y no por PREP, cuando los esfuerzo del IFE estuvieron siempre orientados a publicitar y defender la validez del PREP y no del Conteo Rápido. El asunto aquí es que el conteo rápido que no pudo determinar un ganador en 2006 (originando una serie de críticas y dudas) ahora sí aparecía claro, entonces se prefirió esta herramienta a esperar el PREP.

Conciliar la suspicacia que genera la incertidumbre de no saber de inmediato, a las cuantas horas, quién se perfila como ganador, con el escepticismo de que un conteo muestral sea suficiente para perfilar un ganador parece imposible. Es evidente que el PREP tiene un resultado meramente informativo, el IFE lo ha repetido hasta el cansancio; en este sentido parece bastante útil, pero creo que el discurso de que en caso de que se confirme será el ganador no debería haberse pronunciado. El anunció de Valdés debió haberse limitado a dar el resultado del conteo rápido, en el mejor de los casos y en un futuro, corrigiendo irregularidades, a esperar el resultado del PREP. Así mismo se debería prohibir tajantemente que algún candidato se pronunciara ganador antes de terminado el cómputo distrital y yendo aún más lejos, esperando a recibir la constancia de mayoría.

Mi crítica aquí aparece poco clara, pero lo que sí es claro es que en 2006 sin conteo rápido y con PREP y en 2012 con conteo rápido y PREP; han surgido dudas y fuertes críticas. De los perdedores dirán algunos, tal vez, pero suficientemente importantes para generar una gran incredulidad.

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En este mundo donde la gran mayoría defiende partidos políticos, posturas políticas y liderazgos carismáticos; nuestra asociación ha buscado defender y promover los derechos civiles y políticos, particularmente el voto y destacar el papel relevante que éste juega en la construcción de ciudadanía y de una régimen democrático.

Nuestra postura es que las instituciones no tienen un valor intrínseco, su valor es meramente instrumental, es decir solamente en la medida en que una institución cumple con su objetivo es valiosa. En el caso del IFE y la legislación electoral, son valiosas en el caso de que cumplan su tarea de proteger y hacer posible el ejercicio del derecho político-civil del sufragio.

Cuando propusimos las cartas por la democracia, documentos que presentamos a los candidatos para que se obligaran a respetar el resultado de las elecciones según el cómputo del IFE y en caso de impugnación, hacerlo mediante la vía institucional, acatando como decisión última la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); lo hicimos creyendo firmemente que el IFE y TEPJF eran árbitros más idóneos para determinar el resultado de las elecciones que los propios partidos políticos o los grupos allegados a los candidatos.

Defender la vía institucional (en este caso los resultados del IFE y las resoluciones del TEPJF) no quiere decir que uno debe cerrarse a la crítica, ni tampoco entregarse a la creencia de que los procesos son perfectos y que no pueden llegar a estar viciados.

Partiendo de esto es que hemos hecho este ejercicio de autocrítica, queremos someter a escrutinio al IFE y al sistema democrático con la esperanza de vislumbrar si cumplen o no su objetivo.

Sucede que todo ha pasado tan rápido y sería prematuro emitir una opinión sobre los resultados del PREP y el conteo rápido (recordemos que son informativos), sobre los errores que se cometieron, algunos tienen que ver con el diseño institucional y otros son humanos (errores honestos algunos y otros serán violaciones a la legislación electoral.)

A estas alturas cuando sometemos a escrutinio lo que hasta ahora sabemos, nos percatamos, si somos objetivos, que no hay un resultado definitivo. En primera instancia porque no se ha hecho el cómputo distrital (acompañado del recuento voto por voto) como lo marca la ley; y en segundo lugar, porque no se ha resuelto la impugnación que con toda certeza (ahora ya lo sabemos) interpondrá López Obrador,  en caso de no ganar la elección.

Suponiendo que el cómputo distrital y recuento voto por voto, dé cómo ganador a Peña Nieto, es factible que así sea, las elecciones serán impugnadas, se habrán recabado muchas pruebas de quienes aleguen la existencia de un fraude. Siempre decía yo que las cartas por la democracia (o por ejemplo el pacto de civilidad) tendrían por efecto que los partidos se documentaran lo mejor posible para probar los alegatos de violación a disposiciones electorales.

¿Cómo resolverá el TEPJF?  No es posible saberlo con certeza; mucho dependerá del cómputo distrital; si tomamos en cuenta las decisiones previas de este Tribunal, particularmente la de 2006, habría algunos indicios para creer que el material probatorio recabado (por ejemplo han circulado pruebas de que actas del PREP que muestran una participación ciudadana superior al 100% en las casillas y se ha documentado la compra y coacción de voto) sería insuficiente para que el TEPJF considerará que es lo suficientemente relevante para anular una elección con una diferencia de más de 3 millones de votos entre quien impugna y quien obtuvo más votos (suponiendo que el conteo distrital arroje resultados similares al PREP)

Lo que es un hecho es que las instancias legales se agotan y en caso de que la resolución del TEPJF no ordene anular este proceso electoral y reponerlo, habrá grupos que desconocerán esta resolución. No tomará a nadie por sorpresa pues grupos que han “desconocido” al IFE y sus consejeros desde largo tiempo atrás; estos días hay quien habla de revolución no se aclara que se entiende por esto, pero suena el desconocimiento de cualquier tipo de resolución institucional.

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Al día de hoy (4 de Julio) aún no se ha realizado el cómputo distrital, tampoco se ha impugnado el resultado ante el TEPJF, ni éste ha emitido sentencia alguna. Tenemos elementos relevantes para especular escenarios posibles. Nosotros hoy no salimos a defender ciegamente al IFE, ni al PREP, tampoco al sistema electoral en su conjunto. Desde hoy lo estamos sometiendo a prueba, desde hoy lo criticamos.

Lo cierto es que aún con sus críticas y con las denuncias que diariamente surgen; el IFE nos sigue pareciendo un árbitro más apto que un candidato, un partido y algunos de sus simpatizantes. El resultado al que se llegue con el cómputo distrital, lo entendemos como válido, pero claro que se puede demostrar en un juicio lo contrario ¿Pero qué pasaría con la sentencia del TEPJF? La sentencia también debe ser sometida a un escrutinio, pero nosotros reconoceremos su validez, porque esa es la vía que hemos elegido: la institucional.

En este proceso electoral todos hemos actuado como jueces, hemos condenado instituciones, al IFE y sus consejeros, sin la más mínima información previa de trayectorias y gestiones; hemos condenado una jornada electoral, algunos salimos a cubrirla como observadores electorales, de estos muchos alegan irregularidades y afirman estar bien documentados (es muy probable que lo estén) pero otros no presenciamos irregularidades ni delitos electorales, pero lo cierto es que se dice poco de los funcionarios de casilla que hicieron posible que casi 50 millones de personas depositaran su voto. Esperemos por el bien de todos que nuestros árbitros el IFE y TEPJF, deliberen con más elementos probatorios que aquellos con los que nosotros lo hacemos todos los días.

En una sociedad que aspira a ser democrática debemos de mantener todos un espíritu autocrítico, debemos asumir responsabilidades y estar consientes de que nadie posee la verdad absoluta. Recordemos que el diálogo y la deliberación pública, son formas de construir democracia, tenemos que practicarlas recurrentemente. Pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que la vía institucional y hasta donde entiendo ese es el juego en el que los contendientes en estas elecciones decidieron participar, tiene un principio y un fin.

 



[1] Me parece conveniente aclarar, que esto se refiere más problemas del proceso electoral y no a la reforma política y del Estado ( a veces coinciden a veces no). Por ejemplo no consideramos aquí el referendo, la revocación de mandato y las candidaturas independientes; aunque creemos en su validez y en la necesidad de implementarlas, pues no son importantes para este análisis.

 

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