Sabemos que únicamente instituciones sólidas y confiables permiten la existencia del Estado de Derecho, dando rumbo y solución a los conflictos que surgen en torno a los procesos electorales.
Nos preocupan las constantes descalificaciones que diversos actores han dirigido a los órganos electorales, con la intención de deteriorar las instituciones y la democracia misma.
Sostenemos que dichos órganos, las instituciones responsables de vigilar el proceso electoral, no deberán ser descalificados por ninguno de los candidatos a cargos de elección pública ni por los partidos que los postulen.
Siempre que se alegue cualquier irregularidad, deberán seguirse los procesos establecidos por las leyes de la materia y apegarse a las decisiones de los organismos facultados.
Cuando se desacreditan las instituciones consagradas en la Constitución y existe una negativa absoluta de respetar las decisiones de los órganos facultados, se está yendo en contra del orden constitucional, lo que implica un ataque frontal al Estado de Derecho y al espíritu democrático.
