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Iguala sí es el Estado mexicano.

@GabrielBaltaza

Iguala no es el Estado mexicano. Esta fue la respuesta del Procurador Murillo Karam a una de las preguntas (más bien formulada a manera de afirmación) que le hizo una reportera durante la conferencia de prensa del viernes pasado: “Hay algunas voces que hablan de crimen de Estado.” ¿Qué significa su respuesta? Se los adelanto, significa que a partir de la negación de la existencia de “un crimen de Estado”, el Estado mexicano pasa a no reconoce tener responsabilidad alguna en el crimen que fue perpetrado en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y, se los advierto, este será el discurso oficial del Gobierno Federal.

 

Lo que sostengo aquí es que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad en el homicidio de seis personas y desaparición forzada de 43 más cometidos en Iguala. Lo cual, por cierto, no equivale necesariamente a sostener que hubo “un crimen de Estado”, aunque sí hubo crímenes cometidos por el Estado.

 

Para no sacar la frase de contexto hay que recordar que, antes de decir que Iguala no es el Estado mexicano, el Procurador llamó la atención de quien preguntó y le advirtió: “Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor.” Por este motivo, voy a tomar mis precauciones, y antes de que el Procurador me reprenda por usar conceptos de manera irresponsable, quiero dedicar unas líneas a ver si puedo sostener mi afirmación y, también, a ver si se sostiene la de él, clarificando conceptos y contrastándolos con hechos.

 

Decir que Iguala no es el Estado mexicano, es bastante ambiguo y como el Procurador ya estaba ciertamente cansado para aclararnos lo que quiso decir, trataré de hacerlo por él. Para no extenderme, voy a referir sólo a dos significados de la expresión, uno explícito y el otro implícito. El explícito (tomando en cuenta toda que se dijo en la conferencia de prensa) es que los actos delictivos cometidos en Iguala no fueron perpetrados por el Estado mexicano, que sí existió participación del ex-Presidente Municipal Abarca (como autor intelectual) en la desaparición forzada de los estudiantes y de la policía local (como autor material) de la desaparición y homicidio (de los estudiantes y el futbolista que ahí perdieron la vida), pero que estos delitos no son suficientes para hablar de “crimen de Estado”, ni tampoco suficientes para hablar de responsabilidad del Estado mexicano. En cambio, el Estado mexicano, según Murillo Karam, a través de la Procuraduría General sí asumió y cumplió, o está cumpliendo, cabalmente con la responsabilidad que tiene en su ámbito de competencia, pues está llevando a cabo una investigación que, según dice, ha sido muy exitosa. En resumen, según el Procurador, el Estado mexicano no es responsable de los crímenes de Iguala porque se tratan de actos delictivos cometidos por un Presidente municipal, policías y una organización criminal, sin que el “Estado mexicano” haya tenido participación activa o pasiva en la comisión de esos delitos y que sí, en cambio, el Estado mexicano ha hecho todo lo que está en sus manos para solucionarlo.

 

El significado implícito es, tal vez, el más perturbador. Iguala no es el Estado mexicano equivale a decir Iguala (bien podría haber dicho Guerrero) no es parte del Estado mexicano. Esto es, Iguala, como muchos otros municipios (y estados) que sucumbieron al control de la delincuencia organizada, son espacios físicos que se ubican en territorio mexicano, con población mexicana, pero donde no gobierna el Estado mexicano. Y no gobierna el Estado mexicano por dos motivos: porque el Estado mexicano los abandonó y porque el vacío de poder lo ocupó la delincuencia organizada. Esa afirmación por dolorosa que parezca es casi imposible de refutar (parece haber un cierto consenso nacional e internacional al respecto). Lo que resulta ofensivo es la conclusión a la que arriba el Procurador a nombre del Gobierno Federal: en la ausencia del Estado mexicano y el control de la delincuencia organizada del espacio público, no hay responsabilidad del Estado mexicano.

 

Antes de seguir me gustaría dejar en claro un concepto, sobre el cual, el Procurador parece estar confundido. En el Estado mexicano existen tres órdenes de gobierno: Federación, Estados y Municipios. O en otras palabras, el concepto de Estado mexicano no equivale solamente a Gobierno Federal, sino también a Gobiernos estatales y municipales. Entonces, dentro de sus facultades y responsabilidades, las acciones de un alcalde, un gobernador, un presidente y la policía o el ejército son atribuibles al Estado mexicano. En este sentido, si un alcalde, en ejercicio de sus facultades, comete un delito podemos hablar, sin temor a incurrir en un error conceptual, de que existe responsabilidad del Estado mexicano.

 

Pero la responsabilidad del Estado mexicano no se limita a que el Alcalde Abarca en ejercicio de su encargo (si se me permite este sinsentido) y los policías en cumplimiento de sus órdenes, hayan cometido el delito de desaparición forzada y homicidio, sino que existe también responsabilidad del Estado mexicano por acción y omisión en este crimen y en muchos más que comparten rasgos en común, cometidos de forma sistemática en contra de la población mexicana y migrante, como consecuencia del abandono por parte del Estado mexicano en que se encuentra una parte del territorio de este país. Por este motivo es que es preciso que recordemos que lo que sucedió en Ayotzinapa no es un hecho aislado y atípico, en el que la responsabilidad del Estado mexicano se limita a perseguir y castigar a quienes lo cometieron, sino que el Estado mexicano es responsable por crear o, si se quiere, por permitir mediante el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales las condiciones sociales en las que este crimen sucedió.

 

He aquí unas cifras que explican Iguala, Guerrero y México. De acuerdo con el último informe del CONEVAL, en México 48% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras que en el Estado de Guerrero esta cifra asciende hasta 68% y 31% en situación de pobreza multidimensional extrema. Por su parte, los indicadores de carencias sociales del mismo estudio, basados en los derechos fundamentales sociales y económicos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, arrojan resultados igualmente desastrosos: 80% de los guerrerenses no tienen acceso a la seguridad social, 57% no tiene acceso a la salud pública y 33% no tiene garantizado el acceso a la alimentación. Lo anterior pone de manifiesto la omisión del Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a garantizar los derechos fundamentales (sociales y económicos) de una buena parte de la población, como el caso de Guerrero.

 

Como consecuencia de un Estado mexicano omiso en sus obligaciones y ausente, incapaz de garantizar las condiciones indispensables para la vida digna de una buena parte de la población, los espacios públicos fueron ocupados por la delincuencia organizada. Aunado a lo anterior, debido a una irreflexiva, mal enfocada y costosísima (en dinero y vidas) estrategia de “combate” a la delincuencia organizada, tenemos que de diciembre de 2012 a junio de 2014 en México se registraron (según cifras oficiales) 28 mil 215 homicidios dolosos. Guerrero, por su parte, es la segunda entidad federativa con más homicidios, tan sólo en lo que va del año 2014 (la última medición es de septiembre) se han cometido más de 1,700 homicidios, alcanzando el país en 2012 una tasa de 21.5 homicidios por cada 100,000 habitantes y en 2013 una tasa de 19 por cada 100,000. Estas cifras por sí solas son sumamente preocupantes, pero se vuelven aterradoras cuando las comparamos con el promedio mundial de la tasa de homicidios que fue en 2012 de 6.2 por cada 100,000 habitantes e incluso en territorios inestables o en guerra como Irak (8.0 homicidios por cada 100,000), Siria (2.2 homicidios por cada 100,000) y Afganistán (6.5 homicidios por cada 100,000), lo cual evidencia que la tasa de homicidios es absolutamente inaceptable en cualquier país que se jacte de la existencia de un Estado de derecho.

 

Otros problemas que resultan indispensables para entender el contexto en que se cometieron los crímenes de Iguala son la corrupción rampante y la impunidad (casi) absoluta que reina en México. Así, según Transparencia Internacional, México ocupó en 2013 el lugar 106 de 177 en cuanto a percepción de corrupción, lo cual explica la complicidad de los funcionarios públicos al “servicio” del Estado mexicano con la delincuencia organizada e, incluso, la institucionalización del crimen organizado mediante la designación y elección de funcionarios públicos que responden o pertenecen directamente a las organizaciones delincuenciales. La impunidad en México, por su parte, alcanzó en 2013 la escalofriante cifra de 93.8%, lo que quiere decir que de cada 100 delitos que se cometieron sólo se castigaron 6, mientras que el estado de Guerrero ocupó el primer lugar con un índice de impunidad de 96.7%, lo cual implica que las posibilidades de ser castigado por la comisión de un delito en Guerrero son casi nulas. Estos indicadores evidencian la incapacidad (y en muchos casos la complicidad) del Estado mexicano para hacer frente a las desastrosas condiciones sociales e institucionales en que se encuentran el estado de Guerrero y muchos otros lugares del país.

 

Así, si tomamos el contexto en que sucedió Iguala, el abandono del Estado mexicano que se traduce en violación sistemática de los derechos fundamentales de un gran número de personas, por la incapacidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales sociales y económicos, y la incapacidad de implementar políticas públicas eficientes de recuperación de los espacios públicos que son controlados por crimen organizado o por autoridades coludidas con la delincuencia, tenemos que la responsabilidad del Estado mexicano va más allá de la participación del ex-alcalde Abarca y los policías que ejecutaron sus órdenes en la desaparición forzada y homicidio (de aquellos que murieron en el acto), o de la tardanza con que la Procuraduría del Estado de Guerrero y, potencialmente, de la Procuraduría General de la República en investigar sobre el paradero de los jóvenes, o de la incompetencia del ex-Gobernador de Guerrero para contener este crimen cuando se estaba cometiendo, o de la falta de una investigación en contra de Abarca cuando se ha documentado que tanto la PGR como el PRD tenían información sobre un homicidio que se le imputa y de su pertenencia a un grupo criminal. No, la responsabilidad del Estado mexicano existe, además, porque lo que pasó en Iguala es producto de la incapacidad del Estado mexicano para contrarrestar la pobreza multidimensional en que viven la mitad de los mexicanos y más del 60% de los guerrerenses, porque el estado Mexicano es uno de los más corruptos del Mundo y porque en este país se puede matar o desaparecer a alguien con la plena convicción de que no habrá ninguna consecuencia.

 

De que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en los crímenes de Iguala depende, no sólo que se castigue a los responsables de este acto monstruoso y se repare el daño sufrido por las víctimas y sus familias, sino también que se implementen las políticas públicas que se requieren para que el Estado mexicano regrese a los lugares que hace mucho tiempo abandonó y se ponga a hacer su trabajo, es decir, implemente políticas públicas que sean exitosas en contrarrestar las carencias sociales, para a su vez, poder contrarrestar los efectos devastadores del reino de la corrupción y la impunidad que impera en este país. Quien no reconoce su culpa, no asume su responsabilidad y quien vive en este estado de negación, nada hace para mejorar, por eso debemos insistir en que Iguala sí es el Estado mexicano.

 

Así como hay algunas voces que claman que no puede hablarse de “crimen de Estado”, lo cierto es que esto no justifica bajo ninguna circunstancia que el Estado mexicano niegue, por un lado, su responsabilidad en los crímenes de Iguala y, por el otro, que hubo crímenes cometidos por el Estado.

 

 

Apéndice.

 

En lo que a desapariciones forzadas se refiere, Humans Right Watch señaló que de 2007 a 2013 se documentaron 250 casos, mientras que el número total de desaparecidos en México (hasta el 2012) es de al menos 25,000 personas. Si tomamos en cuenta que el Estatuto de Roma define como crimen de lesa humanidad aquel que “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, entre los que se encuentra la desaparición forzada, es posible afirmar, como lo viene haciendo Amnistía Internacional, que los actos perpetrados en Iguala son crímenes de lesa humanidad.